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Cuanto me alegra de dar esta noticia, que la Justicia de nuestro país vecino se ha prevalecer sobre la feroz ansia recaudatoria de "algunos", y es que... La Hadopi ha muerto o casi. El Consejo Constitucional desaprueba varios puntos fundamentales de la ley Hadopi sobre las descargas en Internet. Según señala en un comunicado, el organismo ha tenido en cuenta que varios elementos de la nueva ley resultan anticonstitucionales. "Internet es un componente de la libertad de expresión y el consumo" y "en el derecho francés prevalece la presunción de inocencia". 

Los operadores no adoptarán el modelo francés contra el intercambio P2P, que desconecta a los internautas; sin embargo, reducirán la velocidad de los usuarios que descarguen contenidos en redes de intercambio para tratar de frenar el intercambio de ficheros. Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos que engloba a las sociedades de gestión de derechos de autor (SGAE, EGEDA.. etc) dijo que la industria propondrá a los operadores reducir la velocidad de acceso a los internautas que persistan en descargarse archivos (música, películas, videjuoegos y software) protegidos por derechos de autor. La propuesta convence a los operadores y es asumible juridicamente.

Con la proliferación de los portátiles cada vez es más habitual ver a la gente sentado en una terraza tomándose un café y trabajando con su ordenador. Esto también ha hecho que cada vez sea más normal que oigamos de alguien a quien se lo han robado. Gracias a Prey podremos, si nos han robado el portátil, tener una última oportunidad para recuperarlo.

¿Que es lo que hace exactamente Prey? Pues, una vez que nuestro ordenador está en manos de un amigo de lo ajeno, nos enviará informes muy detallados de la situación del mismo, los programas que están corriendo a cada instante, información de las redes a las que está conectado, capturas de pantalla de lo que está viendo en ese momento el caco e incluso (sólo si tenemos webcam) una imagen del aspirante a Lupin.

Paul Venezia aboga en favor de la creación de una Carta de los Derechos de la tecnología para proteger a las personas contra la maleficiencia, la tiranía y la explotación en la cada vez más, una era tecnológica. Venezia inicialmente propone seis artículos que se centran en el derecho al anonimato, la neutralidad en la red, la obligación por ley de la apertura de las fuentes de las aplicaciones tanto en el software como en el hardware, etc. ¿Qué tipo de eficacia ve usted en este documento, y, en un mundo ideal, y qué artículos ves como imperativos para la inclusión en una futura Carta de los Derechos de la tecnología?"

Hoy, el día de la libertad de Expresión, corremos el riesgo de perderla para siempre, por que cuando la perdamos, la perderemos para siempre, así la comunidad hacktivistas.net está realizando una llamada a la acción directa mediante el envío de emails a Europarlamentarios de cara a la votación el día 6 del "Paquete de telecomunicaciones", contrario a la neutralidad de la red, estableciendo medidas de filtrado y monitorización de tráfico sin garantías judiciales.

He podido encontrar en El Mundo una noticia que refleja la realidad: la mayor parte de denuncias por el uso de software ilegal vienen de ex-empleados con ganas de vengarse. Suele ocurrir en pymes, las empresas con menos recursos y donde este tipo de apaños se hacen de forma mas evidente. No todo el mundo paga lo que cuesta un Office (el principal producto pirateado), o lo que cuestan ciertas licencias de servidores. Siempre he mantenido discusiones sobre si denunciar es bueno o malo. Evidentemente la motivación no suele ser la mas pura, pero creo que beneficia a todos (tanto al software privativo como al abierto) que cada empresa compre lo que pueda o deba. Denuncias masivas crearían la demanda de ciertos programas que harían que la opción abierta creciera y se hiciera competitiva.

El Parlamento Europeo ha aprobado con 481 votos a favor, 25 en contra y 21 abstenciones, un informe que rechaza la posibilidad de que los gobiernos europeos puedan denegar el acceso a Internet como medio para evitar que la gente se descargue contenidos protegidos por derechos de autoría. En el texto se señala que los gobiernos o las empresas privadas no deben recurrir a cortar ese acceso como forma de penalización, algo que, indica el Parlamento Europeo, ya ha sido propuesto en algunos países de la Unión.

«En la Asociación de Internautas se hacen eco de una noticia aparecida en Público: El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha dicho que se tomarán medidas antes del 31 de diciembre de este año. Cuando acaben las campanadas, España pasará a ejercer la presidencia de turno de la UE y no son pocas las voces que aseguran que tener este problema resuelto es un compromiso personal de Zapatero. Al parecer, las operadoras han propuesto una fórmula que duela pero no mate: avisar varias veces, pero sólo a quienes bajen contenidos de forma más intensiva; sancionar, pero con pequeñas multas que acaben haciendo desistir por acumulación, y nunca suspender el acceso a Internet.

Más evidencia de que los tiempos están cambiando: la Recording Industry Ass. of America (RIAA) abandona a MediaSentry, la empresa que utilizaba para efectuar labores de cibervigilancia y espionaje presuntamente ilegal a millones de ciudadanos, así como envenenamiento masivo de redes P2P. Desde el año 2003, las pruebas obtenidas por MediaSentry han llevado a denunciar a más de 35.000 personas, que renunciaban a defenderse ante un juez por los elevados costes de enfrentarse a la maquinaria legal de la industria, y optaban en su lugar por acuerdos extrajudiciales mediante pagos estimados en una media de tres mil dólares.