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Según cuentan en TechDirt, la demanda presentada por Google advierte que durante esta licitación el Departamento de Interior desde un principio estipuló que sólo podrían presentarse soluciones basadas en la Business Productivity Online Suite de Microsoft, la versión en la nube de los productos de la empresa, lo que desde Google consideran “indebida restricción de la competencia”, y al parecer con razón.
El convenio permitirá la migración de soluciones informáticas que ya tiene en uso la administración pública argentina a plataforma de código abierto, lo que le posibilitará al Estado ahorros por pagos de licencia de software.
El pleno del Senado aprobó hoy por unanimidad una moción transaccional a la presentada por el PP por la que pide impulsar actuaciones que incrementen la competencia en los servicios de acceso a Internet con el objetivo de favorecer la disminución de las tarifas de banda ancha fija y móvil.
El senador del Grupo Popular en el Senado, José María Chiquillo, presentó en el pleno la moción de su grupo y explicó que era consecuencia de las declaraciones sobre las tarifas planas que surgieron en el encuentro de Telecomunicaciones de Santander, en el que se cuestionó este modelo ante el uso extensivo que algunos usuarios hacen de la red.
El texto, que sustituirá a una ley anterior de 1986, pasará ahora al Congreso de los Diputados, donde podrían introducirse enmiendas a una iniciativa que pretende adaptar la ley a los "grandes progresos" del sistema científico español en los últimos años. El texto ha sido criticado en las últimas semanas desde diversos ámbitos científicos, que lo consideran escaso.
El Gobierno aprobó este viernes el proyecto de Ley de Economía Sostenible, que incluye, en la llamada disposición final, la normativa conocida como 'Ley Sinde' (en referencia a la titular de Cultura, Ángeles González-Sinde) o 'Ley antipiratería'. Esta última permite bloquear las webs que infrinjan los derechos de autor, norma que ha sido fuertemente criticada tanto por consumidores, como por internautas y hasta la propia Fiscalía.
El Consejo Fiscal duda que la propiedad intelecutal esté a la misma altura que otros derechos fundamentales
El proyecto de ley ha sido aprobadado sin modificaciones sustanciales con respecto al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de enero.
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